La grave situación que se vive en Lomas de Zamora, en donde la mayor parte de su población carece del servicio de redes cloacales, lo que implica que se desagüe sobre pozos ciegos, originándose, a su vez, la consiguiente contaminación de las napas, no deja de ser representativa de lo que ocurre en buena parte del Gran Buenos Aires, en donde una desatención de muchas décadas ha concluido por dejar a la vista un cuadro de dramática degradación ambiental y en donde, sin necesidad de declaraciones de tipo formal, se vive un estado de real emergencia sanitaria, desatendida en forma inconcebible por la sucesión de administraciones.
A rasgos generales habría que hablar aquí -aún cuando ello no contribuya a paliar los problemas concretos que ahora se viven- del crecimiento urbanístico inorgánico que se permitió no sólo en el Gran Buenos Aires sino en la mayoría de los centros poblados de la Provincia, viabilizándose los asentamientos humanos sin haber previsto primero el tendido de las obras de infraestructura de servicios. Semejante error, derivado del concurso de varios factores entre los que no puede dejar de mencionarse el desmedido espíritu de lucro con que se realizaron loteos o el facilismo de no pocos funcionarios -es conocida la existencia de esa consigna demagógica, según la cual "las obras que se entierran, no dan dividendos"- se está pagando ahora muy caro, con la angustia y los padecimientos de millones de pobladores obligados a convivir en el ojo de un verdadero desastre hídrico y sanitario.
En el caso de Lomas de Zamora se sabe ahora que el Gobierno provincial y el municipal han convenido instalar unas 330 bombas depresoras de la napa freática, en una iniciativa de emergencia destinada sólo a aliviar la compleja situación que enfrentan miles de vecinos de ese distrito. Se conoce también que allí prácticamente el 80 por ciento de la población carece de cloacas, lo que significa que unos 550 mil habitantes desaguan diariamente a los pozos ciegos más de 55 millones de litros de agua contaminada a las napas. Está claro que las únicas soluciones valederas serán aquellas de fondo, que apunten a que se aceleren las obras de tendido de las redes cloacales.
Como se ha dicho, esta situación es común en una vasta región carente de vaciaderos de líquidos cloacales y de plantas de tratamiento de residuos industriales, desprovista de obras indispensables para la preservación del medio ambiente y de la salud de la población La disposición, tanto de este tipo de desechos, como de distintas clases de residuos industriales, sigue siendo un problema que el Estado se muestra incapaz de superar mediante un ordenamiento adecuado y promoviendo la erección de las instalaciones necesarias, eliminando todo sistema clandestino.
Por caso, una de las cuestiones sin solución es la descarga de la materia fecal de unos 3.500.000 habitantes de la capital federal y distritos del Conurbano que carecen de servicios cloacales. Esa disposición, junto con la de un gran volumen de líquidos industriales, era la que se cumplía a cielo abierto en cinco bocas abiertas en el vaciadero de Wilde, enclavado en una zona residencial. El material era bombeado desde allí a la boca de salida al Río de la Plata existente en Berazategui, donde se vuelca, crudo, al Río de la Plata. Resulta obvio que todo el sistema es inadecuado y que de esa manera jamás se podrá adelantar, no solamente en cuanto concierne a la descontaminación de parajes del Conurbano densamente poblados, sino que tampoco se logrará la limpieza del Río de la Plata, ambas cosas por falencias del Estado o de las empresas privadas de servicios públicos cuya actividad es obligación del Estado reglar convenientemente.
Correspondería, además, recordar que la entrega a empresas privadas de la prestación de los servicios públicos estuvo fundada entre otras razones, en la circunstancia de que el Estado carecía de recursos para extender las redes a vastos sectores de la población que estaban desprovistos de esos servicios. Presumiblemente, la idea era que los concesionarios realizaran esas obras como parte de su explotación, ya que ampliar las redes es la única forma de aumentar sus clientes. Esto ocurre, al menos, con servicios como los de suministro de energía o telefónicos. En el caso de las obras sanitarias, en cambio, las empresas pretenden que ese crecimiento sea solventado por los usuarios, lo que debería merecer mayor análisis. También debió - y debe - considerarse como una obligación elemental de la concesionaria, la construcción de la o las plantas depuradoras indispensables para que los líquidos vertidos en el Río de la Plata estén libres de sustancias contaminantes.
Lo cierto es que la deuda del Estado con los vecinos y con el medio ambiente sigue siendo enorme, más allá de que el servicio pueda haber pasado a manos privadas. Se trata de intervenir con el mayor vigor y la mayor celeridad posibles, en la búsqueda de soluciones sanitarias que resulten no sólo sensatas sino justas, para millones de personas que no merecen sufrir tan degradantes condiciones de vida.