En la provincia de Buenos Aires hay un total de casi 8.000 empleados mayores de 55 años de edad y con 30 de aportes realizados, en condiciones potenciales de acogerse a los beneficios de la jubilación anticipada que impulsó el Poder Ejecutivo bonaerense, si se sancionara el proyecto que presentó la semana pasada en la Legislatura, según se informó ayer a este diario desde el Instituto de Previsión Social. Y otros 3.000 están en condiciones de jubilarse de inmediato por la ley actual, esto es, por tener más de 60 años; razón por la que se tomarían en breve medidas para que se concreten esos retiros. Sumarían así algo más de 10.000 las posibles vacantes que se generarían en el ámbito público bonaerense.
La iniciativa del Ejecutivo sobre jubilación anticipada se circunscribe a los empleados de la administración central provincial (ley 10.430) y a los agentes que trabajan en los 134 municipios de la Provincia, dejando afuera del nuevo sistema -que, como se sabe, se abriría sólo por el término de un año- a los agentes de los poderes Judicial y Legislativo, a los de Vialidad y los que se integran a la denominada carrera médico-hospitalaria, que tienen regímenes legales especiales.
"Nunca el directorio del IPS se opuso a este proyecto que impulsó el gobernador Ruckauf. Lo que hemos estado haciendo estos días es evaluar las posibles incidencias que tendría, en el sentido de calcular cuántos de los que puedan quedar en condiciones de jubilarse optarían en definitiva por acogerse a esta reducción", dijo Enrique Cano, presidente del organismo, acompañado en la entrevista con este diario por el vicepresidente Diego César Santilli y el director Luis Esquivel.
En la Provincia trabaja un total de 550.000 empleados, de los cuales 135.036 son municipales. Por su parte, la planta de pasivos -entre jubilados y pensionados- asciende a 150.000, estableciéndose por consiguiente una ecuación de 3,8 activos por cada pasivo, considerada como "equilibrada" y, a la vez, causante del "buen estado financiero que hoy presenta el Instituto".
Los especialistas del IPS consideraron en estas jornadas que "acaso se produzca una mayor adhesión a la jubilación anticipada por parte de los empleados municipales", en la medida en que es en esa órbita donde virtualmente no se cobran algunas de las bonificaciones no remunerativas que, en cambio, sí se abonan en la administración central.
Precisamente esos adicionales, que no se trasladan a los haberes jubilatorios (en especial viáticos y horas extras "no reales", es decir, los que funcionan como compensaciones salariales) podrían reducir la cantidad de empleados de la Administración provincial que opte por adherir a la jubilación anticipada que propone el Ejecutivo.
Con todo, según fuentes calificadas la intención del Ejecutivo con esta medida es generar vacantes que sean cubiertas rápidamente por nuevos empleados, produciendo así un alivio en el alto nivel de desempleo que afecta a los bonaerenses, de modo que las expectativas oficiales están puestas en que adhiera al retiro un alto número de agentes.
Consultadas sobre esa posible "doble situación" -miles de jubilaciones anticipadas y cobertura de las vacantes que ellas generen-, las fuentes del IPS entienden que esa alternativa "resultaría doblemente beneficiosa, ya que también generaría 10 mil nuevos aportantes al organismo previsional".
Por lo pronto, se estimó que el costo anual para el IPS -si todos se acogieran a la jubilación anticipada- oscilaría entre 27 y 30 millones de pesos anuales, un monto que "podemos perfectamente absorber ya que el superávit anual nuestro supera con holgura esas sumas", afirmaron los directivos del Instituto.
La gente del IPS advirtió que en realidad -de los 10.706 que podrán jubilarse, es decir de la franja de empleados mayores de 55 años de edad y con 30 de aportes (hasta ahora, los topes son de 60 años de edad y 35 de aportes)- corresponde realizar algunas discriminaciones.

Así, establecieron que hay 4.412 agentes de la administración central que podrían jubilarse mientras que el número de municipales es de 3.282.
El resto son 3.012 agentes -a su vez, también discriminados en administración central (1.186) y municipales (1.826), que actualmente tienen más de 60 años de edad y más de 35 de aportes.
Explicaron que en estos últimos casos, por decreto provincial, se facultó a los jefes de los distintos organismos a que permitieran que estos empleados o funcionarios pudieran seguir en actividad, por razones funcionales. "Pues bien, ahora también esta gente será jubilada de oficio, automáticamente, ya que se eliminará del decreto la facultad que se le concedía a los responsables de las dependencias para no jubilarlos".
Al conocerse los términos del proyecto de Ruckauf, en no pocos ámbitos provinciales se temió por un posible desfinanciamiento del IPS, organismo al que se consideró tradicionalmente haciendo duros equilibrios para no caer en el rojo.

Cano explicó que esa situación de ahogo financiero se vivió hasta principios de los '90: "en aquel entonces había un déficit histórico que oscilaba entre 40 y 45 millones anuales", dijo.
Añadió que esa situación varió sustancialmente por el concurso de dos medidas: la primera consistió en que el IPS pasó a ser el primer organismo que cobró cuando se liquidaba la coparticipación municipal, haciéndose cargo en forma inmediata de los aportes, tradicionalmente debidos por los municipios.
La segunda inyección financiera se registró a partir de enero de 1994 cuando entró en vigencia la ley nacional que dispuso que la caja de previsión otorgante fuera la que tenía el mayor tiempo de aportes, aligerándose aquí el IPS de la obligación de pagar numerosísimas jubilaciones que, en su mayor parte, pasaron a Nación.
"Esto hizo que mejoraran sustancialmente las recaudaciones del IPS y de la situación deficitaria pasamos no sólo al equilibrio sino a importantes superávits", aseguraron los directivos.