El gobierno correntino ejerció ayer una fuerte presión sobre el Ejecutivo nacional que le permitió alcanzar un acuerdo para que le envíen fondos y descomprimir, en parte, la extrema tensión derivada de una crisis financiera que tiene a esa provincia en jaque.
El acuerdo surgió después de que los estatales correntinos -con el apoyo del propio gobernador interino- mantuvieran bloqueado el puente que une a la capital provincial con la provincia de Chaco.

Pero mientras en Buenos Aires se negociaba este salvataje financiero, por orden judicial se desató una violenta represión contra los estatales. La orden de desalojar el puente fue instrumentada por la Gendarmería, que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para cumplir con la decisión judicial.
Como consecuencia del operativo, quedó más de una veintena de heridos: la mitad son civiles y la otra mitad son gendarmes.
CONDICIONES DEL ACUERDO
El auxilio financiero del gobierno nacional llegará a cambio de sancionar una nueva "ley de endeudamiento", comenzar un proceso de privatizaciones -que incluirá al Banco local y a la empresa de energía-, y encarar un plan que logre el "equilibrio fiscal".

El Gobierno provincial adeuda cuatro meses de salarios y dos medio aguinaldos, situación que se agrava por el vaciamiento sufrido por la Obra Social de los empleados públicos.
Según informó el gobernador interino, el dinero comenzará a llegar el primer día hábil de la semana entrante y podrá comenzar a pagarse un sueldo más uno de los medio aguinaldos atrasados.
La orden de reprimir no pudo ser explicada ni por el gobernador Perié ni por el senador José Antonio Romero Feris, porque "podrían haber retrasado la medida unas horas, siendo que se estaba negociando", dijo el legislador.