Los habitantes de un complejo de monoblocks ubicado en 117 y 74 decidieron enrejar todo el perímetro del barrio, incluyendo las calles de acceso, como medida extrema frente a la inseguridad. Lo convirtieron en un barrio cerrado, al que sólo se puede ingresar con llaves que tienen los propietarios.
La medida -que genera reparos de parte del Municipio, donde aseguran no haber autorizado la colocación de las rejas- surgió de la iniciativa de los jubilados que habitan ese complejo de viviendas, construido y administrado por el PAMI.

Esta curiosa situación se suma a lo que muchos ya definen como una verdadera psicosis por la inseguridad en nuestra región.
Mientras tanto, el problema de la inseguridad ha derivado ahora en una aguda polémica, porque la idea del gobierno provincial de convocar a los agentes de seguridad privada para que colaboren con la Policía en la represión de delitos despertó rechazos, tanto de dirigentes políticos como de las propias empresas de seguridad privada, que aseguran que, al revés de lo que dice Arslanián, una nueva ley les prohíbe estar armados.