Un profesional platense presentó una denuncia penal contra el Instituto de la Vivienda de la Provincia y contra una cooperativa de la localidad de Arrecifes, por entender que en esos dos organismos se ha cometido una maniobra que, presuntamente, se encuadraría como estafa en su perjuicio y en el del erario público.
El ingeniero Ernesto Giambelluca hizo esta presentación en la Unidad Funcional de Investigaciones Nº 1, a cargo del fiscal adjunto Alejandro Villordo.
En la denuncia sostiene que la presunta estafa surge de la falta de pago de un dinero que se le debería haber abonado a él y que, sin embargo, se habría desviado en una supuesta maniobra entre funcionarios del Instituto de la Vivienda y directivos de la cooperativa "El Sol", de Arrecifes.
Los hechos que denuncia el profesional son los siguientes:
*)Asegura que fue el único contratista para una obra pública consistente en la instalación de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en un complejo de viviendas del partido de Arrecifes, cuyo financiamiento estaba a cargo del Instituto de la Vivienda, que ejecutaba la obra a través de la mencionada cooperativa.
*)Sostiene que el costo total de esa obra se incrementó en el medio de su ejecución, por la necesidad de hacer un nuevo estudio de suelos que no estaba previsto en el presupuesto original. Y que por eso reclamó a la Cooperativa el pago de los mayores costos, a través de un refuerzo financiero que debían gestionar ante el Instituto de la Vivienda.
*)Señala que esa solicitud fue rechazada por la Cooperativa, que le planteó la absoluta imposibilidad de que se ampliara el financiamiento obtenido. Y que, frente a esa situación, avanzó con la obra hasta terminarla definitivamente, asumiendo como propios los mayores costos.
*)El punto clave de la denuncia es que, según sostiene el profesional, más tarde se enteró y pudo verificar que la Cooperativa había gestionado y obtenido del Instituto de la Vivienda el dinero por ese segundo estudio de suelos que él había tenido que pagar. Y que, sin embargo, ese dinero nunca le fue abonado.
De esta situación, el denunciante deduce que existe una presunta maniobra fraudulenta que cabría encuadrar como malversación de caudales públicos y solicita que se investigue la presunta responsabilidad penal de los funcionarios del Instituto de la Vivienda que hayan tenido intervención en el asunto.