Mientras el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, León Arslanián, defendió ayer un "plan piloto" que se implementará a partir de los próximos días en San Isidro, a partir del cual custodios privados se encargarán de "prevenir" y "reprimir" delitos en cercanías de las propiedades que vigilen, empresarios de la seguridad privada en la Provincia negaron enfáticamente la posibilidad de que los llamados vigiladores puedan estar armados y por consiguiente actuar en operativos de tipo represivo.
Así, quedó abierto un fuerte interrogante y amplios campos de confusión acerca de los reales alcances de la colaboración que podrán prestar los custodios privados en la Provincia, ya que según directivos de la Cámara de Empresas de Seguridad bonaerense "la nueva ley prohibe expresamente el uso de armas a los vigiladores privados y por consiguiente estamos en total desacuerdo con esa alternativa que, suponemos, surgió de un malentendido".

La mencionada Cámara fue creada hace seis meses en la órbita provincial, en la que funcionan unas 760 agencias de seguridad privada que cuentan en total con unos 45.000 vigiladores.
"La ley detalla con precisión que nuestra tarea es la de cooperación y asistencia a la Policía, pero exclusivamente para comunicarle toda situación que implique algún riesgo para la integridad física de cualquier persona o para sus bienes", aseguraron Jesús Cadena, Julio Soto Castelló y Mario Garay, presidente, secretario y tesorero respectivamente de la Cámara de Empresas de Seguridad.
En ese marco, el senador radical bonaerense Eduardo Florio dijo ayer que la iniciativa oficial "es otro round de la pelea personal que mantiene el ministro (Arslanián) con el intendente de Escobar, Luis Patti" y aseguró que "ninguno de los dos tiene soluciones, por eso apelan a recursos patoteriles, rimbombantes y por fuera de la ley, que sólo tienden a agravar el extremo problema que padecen los bonaerenses".
A su vez, Arslanián, sobre las tareas de prevención y represión que podrán hacer los privados, dijo que "confiamos en que, de esta manera, vamos a mejorar y aprovechar mucho más ese gasto social tan importante que hace la gente en seguridad privada, para que tenga un mejor aprovechamiento, porque la plata que ponemos todos para tener seguridad privada es muy grande".

Así, el Gobierno de la provincia ratificó la decisión de sumar 45 mil hombres de la seguridad privada a los 35 mil policías del distrito en el marco de las estrategias para combatir la inseguridad, en momentos en que los vecinos reclaman medidas contra la delincuencia.
Sin embargo, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Cámaras de Seguridad Privada de capital federal, Emilio Arias Zeballos, manifestó ayer sus dudas en torno de la decisión del Gobierno bonaerense, al asegurar que no pondría un arma "en la mano de más del 5 por ciento de los agentes de seguridad privada en actividad".
"El Estado debe regular de algún modo la actividad de seguridad privada, ya que nadie tiene garantías del estado psicofísico de dichos agentes. En este momento no me animo a entregarle un arma a más del 5 por ciento de los agentes en actividad, pues no podemos garantizar de qué clase de personas se trata", dijo Arias Zeballos.
El lanzamiento del denominado "plan de integración entre la seguridad pública y privada" se dio a conocer en la víspera a través de un comunicado de prensa del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, y ya puso en alerta a distintos analistas que consideran a la resolución como "peligrosa".
"No creo que esto abra un terreno delicado. Es más delicado el terreno donde se desenvuelve la seguridad hasta ahora, porque tiene un control débil y no puede hacerlo de otra manera", dijo Arslanian.
Las estimaciones oficiales precisan que el 85 por ciento del territorio bonaerense está "cubierto por custodios privados" y el Gobierno bonaerense --según admitió el subsecretario de Seguridad, Roberto Vázquez-- no quiere que haya "un asalto a 20 metros y el agente privado mire para otro lado".
"¿Qué podrán hacer los custodios privados? Lo mismo que están haciendo hoy, pero afuera de la garita. En consecuencia, su trabajo es de prevención o disuación por la presencia, y cooperación en los casos en los que la Policía pública lo requiera", explicó. Arslanián
El ministro bonaerense aclaró que "en torno a la posibilidad de intervenir o de usar algún tipo de arma de fuego o algo por el estilo, corren las reglas del Código de Procedimiento Penal para los particulares, donde un particular puede detener a una persona 'in fraganti' cometiendo un delito". Sin embargo, esta expresión fue controvertida por los empresarios de seguridad privada, como se verá más adelante.

Sostuvo además que "las facultades que tendrán son exactamente las mismas que tienen hoy, sólo que no actúan a nivel de coordinación con la Policía pública, no tienen un sistema de comunicación adecuado y tampoco están bajo un control operacional de la Policía pública; y ahora lo estarán".
Según confirmó, "el plan piloto se pondrá en marcha en San Isidro y empezará tal vez la semana que viene o la siguiente".
Sobre el uso de armas del vigilador privado, bajo las reglas del Código de Procedimiento Penal, enfatizaron en que "un vigilador privado, mientras actúa para una empresa, no podrá estar armado. No puede ser un vigilador privado que tenga un arma con permiso de portación, porque eso también está prohibido por la ley".
El privado -enfatizaron- "no puede tener armas salvo en lugares particulares, que no tengan acceso al público: por ejemplo, no pueden estar armados en los Bancos o en los hipermercados. Todavía se ve a privados armados, pero esto va a desaparecer: la ley lo prohibe, salvo excepciones muy contadas. Y en ese caso, las armas sólo pueden ser menores al calibre 38", dijeron Cadena y Soto Castelló.
Los empresarios privados temen, además, la posibilidad de que surjan graves ulterioridades vinculadas al régimen de seguros de su personal -las ART- en el caso de que uno sus vigiladores participe de un tiroteo y resulte víctima. "¿Qué pasaría entonces si las ART nos indican que por ley esa persona no podía estar armada?", se preguntan.
"Tenemos que esperar que salga la reglamentación de la ley 12.297. Hasta que no se defina eso, tampoco puede avanzarse con medidas", indicaron.