En Corrientes, los efectivos de la Gendarmería Nacional desalojaron ayer, en medio de serios incidentes, a los empleados estatales que cortaban el puente interprovincial General Belgrano, en reclamo del pago de salarios, mientras el gobernador interino Hugo Perié estaba reunido en Buenos Aires con los representantes del gobierno nacional, negociando un salvataje económico para la provincia.
La orden de desalojar el paso, que une la capital correntina con Resistencia, fue firmada por el juez federal Augusto Costa Guta e instrumentada por gendarmes del Chaco, que intentó liberar violentamente el paso interprovincial utilizando gases lacrimógenos y balas de goma.
Minutos después, el gobernador Perié salió a la puerta de la Casa Rosada con el objetivo de llevar tranquilidad a la población, al asegurar que ya estaba acordada la firma del acta para el envío de dinero, que aliviaría la tensión social.
Según explicó Perié, el lunes llegarán 55 millones de pesos luego de que hoy la Legislatura provincial apruebe una nueva ley que autorice el endeudamiento del Estado correntino.

Pero en realidad, el gobierno de Corrientes acordó ayer con el Poder Ejecutivo Nacional un auxilio financiero por 175 millones de pesos, que el distrito recibirá del sector bancario y la administración central para enfrentar la crisis económico-social que atraviesa.
En compensación por la obtención de esos fondos, la provincia se comprometió a sancionar una nueva "ley de endeudamiento", a encarar un proceso de privatizaciones -que incluirá al Banco local y a la empresa de energía- y a instrumentar un plan que logre el "equilibrio fiscal". El martes por la noche, la Legislatura ya había anunciado la disponibilidad de 13 mil empleados públicos.
El Gobierno provincial adeuda tres meses de salarios y dos medio aguinaldos, situación que se agrava por el vaciamiento sufrido por la Obra Social de los empleados públicos.
El monto de dinero para instrumentar el salvataje financiero -para empezar a pagar sueldos el próximo lunes- se compone en 15 millones de un adelanto de los fondos de la coparticipación federal, y otros 40 provenientes de un préstamo que deberá aprobar en Banco Nación, que ya fue autorizado por el gobierno.
Por parte del gobierno nacional participaron el ministro del interior, Carlos Corach; el viceministro, Jorge Matzkin y el secretario Miguel Angel Toma.
"Ya hablé con Toma para que le pidiera pidiera al jefe de la gendarmería del Chaco que se termine con la represión. Creería que no (era necesaria la represión) pero es una decisión que tomó un juez", aseguró el gobernador interino.

Alrededor de las 14,20, los gendarmes comenzaron a avanzar sobre el puente correntino-chaqueño y los manifestantes fueron dispersándose entre corridas y gritos, intentando escapar de la cerrada represión.
La reacción de los empleados estatales -maestros, médicos y administrativos- no se hizo esperar y cantando "Corrientes, Corrientes", recuperaron un sector del paso interprovincial y apedrearon a los efectivos de la fuerza de seguridad.
La orden de reprimir no pudo ser explicada ni por el gobernador Perié ni por el senador José Antonio Romero Feris, porque "podrían haber retrasado la medida unas horas, siendo que se estaba negociando", dijo el legislador.
En tanto, desde la porteña Plaza de Mayo, el gremialista docente Gustavo Cantero anunció que le pedirán "el juicio político y la destitución" del juez federal que decidió dar vía libre a la represión.
Cantero arribó a Buenos Aires junto con otros docentes, médicos, empleados estatales y productores rurales que ya anunciaron que se quedarán en la Plaza de Mayo hasta mañana.
El acuerdo y las balas de goma llegaron luego de que se ocupara durante los últimas 24 horas el puente General Belgrano y varios meses con esta provincia paralizada.
El martes por la noche hasta el gobernador interino, del PJ, se sumó a la protesta y pernoctó junto a los manifestantes en el paso interprovincial antes de viajar a Buenos Aires.
Corrientes está inmersa en una crisis financiera que desembocó en una complicada situación política y social, que provocó la suspensión del gobernador Pedro Braillard Poccard, miembro del Partido Nuevo, que encabeza Raúl "Tato" Romero Feris.
La Cámara de Senadores provincial resolvió el 8 de julio pasado intervenir el distrito capital de la provincia y apartar a Romero Feris de su cargo como intendente.